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Según el estudio elaborado por ASAJA Huesca en colaboración con CEHUSA para la Comisión de Cereales Nacional, se ha producido una importante disminución de cosecha en las producciones de la provincia, lo que supone unos 52 Millones de Euros menos en la cosecha de cebada.
Ante la gran sequía, las aproximadamente 20.000 Tm. de existencia de cebada en la provincia de Huesca (pendiente de comer, el 50% ya vendido) se estaba sujetando ante la supuesta subida de precios por falta de producto.
Esto ha originado que en las formulaciones desaparezca la cebada y entren el trigo y el maíz (con mucho estock en puerto de Tarragona) pero a la vez mucha salida por gran consumo. También hay mucha oferta del centro de España (en trigo) que acelera la bajada del precio hasta igualarse con el precio del puerto.
En estos momentos el precio en Zaragoza procedente del centro y de puerto es:
- Trigo: 230 €/Tm. En fábrica
- Cebada: 224 €/Tm. En fábrica
Ello hace que para el agricultor sea un precio de salida de:
- Trigo: 222 €/Tm.
- Cebada: 216 €/Tm.
La soja se mantiene con un precio alto en cotización internacional, a 408 €/Tm. (Salida de puerto).
Las perspectivas pendiente de datos oficiales de superficie son:
- TRIGO BLANDO
Huesca: 60.000 has (son 13.000 has más que en 2011)
Producción Estimada: 130.000 Tm.
Aragón: 150.000 has
Producción Estimada: 300.000 Tm.
- TRIGO DURO
Huesca: 2.000 has sembradas
Aragón: 120.000 has
Producción Estimada: 150.000 Tm.
- CEBADA
Huesca: 170.000 has (14.000 has menos que en 2011)
Producción Estimada: 340.000 Tm. (Año 2011 fueron 600.000 TM.)
Aragón: 470.000 has
Producción Estimada: 940.000 Tm.
Tras la restricción de la importación de biodiesel argentino y la petición del Parlamento Europeo de eliminar los beneficios comerciales de los que goza Argentina, ASAJA Murcia y ASAJA Alicante exigen vetar sus importaciones del limón.
La entrada de productos provoca un hundimiento de los precios en origen de la variedad Verna, que actualmente se encuentra en campaña. Prohibir la entrada del producto foráneo mejoraría las condiciones de comercialización, lo que supondría una ayuda muy necesaria para un sector que arrastra años de pérdidas. Jóvenes Agricultores y ASAJA Murcia exigen al Gobierno de España que amplíe las medidas aprobadas por la expropiación de YPF con la prohibición de la entrada de limón argentino.
Estas medidas son consideradas por las organizaciones como absolutamente imprescindibles por la alarmante crisis que atraviesa el sector. Los precios que han entregado a los productores durante la campaña de la variedad limón Fino han sido ruinosos y sólo han alcanzado los 0,12€/kg en el primer corte, mientras que el resto se ha ofrecido “regalado”.
Además el limón Argentino cuando penetra en la UE alarga la campaña todo lo que puede y esta situación hace que el inicio de nuestra campaña de limón fino comience con precios muy bajos. Esta situación ha provocado una disminución de la superficie cultivada, que supone un problema por el aumento del desempleo y también para el medio ambiente, ya que el limonero se posiciona como uno de los árboles más importantes en la fijación del CO2 de la atmósfera.
Tanto ASAJA Murcia, como ASAJA Alicante alertan de que la cifra de campos abandonados seguirá en aumento si no se adoptan medidas urgentes, entre las que deben contemplar un endurecimiento de la presión arancelaria hacia Argentina y que se den por finiquitadas las negociaciones del acuerdo con Mercosur.
Las organizaciones también piden a la Comisión y al Consejo de la Unión Europea que atienda la petición del Parlamento Europeo de suspender el sistema generalizado de preferencias (SGP), que supondría una subida arancelaria del 12.5 % al 16 % en el caso de las clementinas. Asimismo, consideran imprescindible que se proteja la producción en nuestro territorio impidiendo importaciones de países terceros en los que no se producen con las mismas garantías alimenticias e, incluso, utilizan productos fitosanitarios prohibidos en nuestras fronteras desde hace una década.
ASAJA Castilla y León apoyará al Gobierno de España si ejerce el legítimo derecho de aplicar fuertes restricciones a las importaciones de productos agroalimentarios de Argentina.
La organización agraria ASAJA de Castilla y León apoyará al Gobierno de España si ejerce el legítimo derecho de aplicar fuertes restricciones a las importaciones de productos agroalimentarios de Argentina, como respuesta a la expropiación de las propiedades de Repsol, pero advierte que España necesita la soja y otros productos proteicos para la alimentación animal, y que por tanto se han de buscar previamente otros mercados.
El sector ganadero español, que vive una dura crisis por la escasa rentabilidad –bajos precios de la carne y la leche y altos costes de producción– acrecentada ahora con la sequía, no puede permitirse mayores costes de producción que en modo alguno se pueden repercutir en la venta de unos productos a los que les ponen precio las grandes cadenas de distribución.
Castilla y León tienen una importante cabaña ganadera tanto intensiva –porcino, avicultura, vacuno y ovino de leche– como extensiva, consumidora de cereales y oleaginosas de los que España es deficitaria. Argentina es uno de los principales mercados para el aprovisionamiento de los más de 6 millones de toneladas de oleaginosas que cada año importa nuestro país y de Argentina llega también una cuarta parte del maíz y la mitad del cereal que importamos.
Todos estos granos importados, por cierto, y en particular la soja, son transgénicos, dándose la paradoja de que Europa tiene prohibido el cultivo de plantas transgénicas pero no está prohibida la importación de cereales y oleaginosas así cultivadas en otras partes del mundo que después se come sin restricción alguna nuestra cabaña. En el cereal no es tan decisivo el mercado argentino y existen otros proveedores que lo pueden sustituir sin dificultad alguna.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha criticado el “salvaje recorte” en las partidas relacionadas con el mundo rural en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado presentada por el Gobierno. El presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se reduce en un 31,2%, casi el doble que la media del resto de ministerios. UPA cree que los Presupuestos son un “grave ataque a la economía productiva”.
El recorte que el Gobierno ha planteado en su propuesta de Presupuestos Generales del Estado de 2012 para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es de 876 millones de euros, un 31,2% menos que el ejercicio anterior. El desarrollo rural pierde el 85,9% de los fondos (172 millones menos), los Planes Nacionales Agrarios y Pesqueros pierden el 47,1% (76 millones menos) y la partida de activos financieros se reduce en un 54,4% (121 millones menos).
La organización profesional agraria UPA ha lamentado que el Gobierno “se cebe” con los agricultores y ganaderos, un sector productivo “estratégico” que a la crisis general que vive España, suma su propia crisis estructural desde hace años motivada por el desequilibrio de la cadena agroalimentaria, la especulación con las materias primas e incluso la grave sequía que sufre la Península Ibérica.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha declarado que “este recorte sólo traerá más abandono, más paro, menor soberanía alimentaria y es un ataque más para los agricultores y ganaderos que defienden contra viento y marea su trabajo a pesar de que la rentabilidad que obtienen se reduce año tras año”.
UPA ha considerado que la reducción presupuestaria del 31,2% “es un palo durísimo” para un sector que está además en una situación “muy difícil” este año por las heladas primero y la sequía después, y que necesita de un especial apoyo público para hacer las explotaciones más productivas y competitivas, o para seguir modernizando regadíos.
En opinión de UPA, “un Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del que depende el sector primario, la producción de alimentos, la vertebración de más del 70% del territorio nacional, la conservación del medio ambiente o la protección frente a incendios, tendría que ser el último en el que se hicieran recortes, y no de los más afectados”. Este departamento es el cuarto que más recortes ha sufrido.
La Organización pide a la Consejería una gestión cinegética coherente. Cerca de 50 agricultores y ganaderos de la provincia se reunieron ayer en la sede de ASAJA en la capital conquense para analizar el grave problema de los daños de los cérvidos en los cultivos y consensuar las peticiones que la Organización va a trasladar a la administración regional y provincial para poner fin a esta crítica situación que, cada año, causa cuantiosas pérdidas en el sector.
Así, los reunidos coincidieron en que es imprescindible que la Consejería de Agricultura obligue a los titulares de los cotos a cumplir con los planes técnicos de caza, en los que se especifica cuántos animales y de qué especie se debe cazar, para controlar la superpoblación de cérvidos que arrasa los cultivos de girasol, compite por los pastos con el ganado y les trasmite enfermedades, causando graves daños en las explotaciones, a los que hay que sumar los de la actual sequía.
En este sentido, la Organización insiste en que en las zonas en las que el problema sea excepcionalmente grave la Administración deberá aumentar el número de capturas contempladas en el correspondiente plan técnico de caza del coto y actuar de oficio cuando no se cumpla lo que establece dicho plan. Además, ASAJA de Cuenca va a solicitar la Consejería el endurecimiento del régimen sancionador que contempla la Ley de Caza. Así, según han trasladado los afiliados a la Organización, las zonas más afectadas son la Serranía, el Campichuelo, la Manchuela y la Alcarria.
Por otro lado, ASAJA hace hincapié en que este es un problema de toda la sociedad, ya que la superpoblación de las especies de caza mayor también constituye un importante riesgo para la seguridad vial, siendo una causa de accidentes tráfico.
Por último, en los próximos días ASAJA de Cuenca solicitará una reunión con el coordinador de los servicios periféricos de Agricultura en Cuenca, Javier José Zaballos y, después, con la dirección general de Montes y Espacios Naturales, para plantearles las propuestas y buscar soluciones a este problema, ya que las medidas excepcionales puestas en marcha hasta el momento no han sido efectivas y, a todas luces, no son suficientes para acabar con esta situación desesperante para muchos agricultores que, año tras año, pierden gran parte de sus cosechas.
ASAJA Huesca y CEOS-CEPYME han lanzado una llamada de alerta sobre el momento crítico.
La situación límite que vive el sector primario de la provincia, situación que llevará a las organizaciones a solicitar la colaboración de los ayuntamientos y de la DPH para que “si esto no ha cambiado drásticamente en 10-15 días, se inicie una campaña para la petición de declaración de Zona Catastrófica, que se articule a través de la Diputación Provincial y que ésta lo transmita a la Delegación del Gobierno y podamos articular medidas excepcionales que palien la situación excepcional que estamos viviendo”, argumentaba Fernando Luna, presidente de ASAJA Huesca.
A juicio de ASAJA y CEOS, hay un gran movimiento económico y de empleo que está en peligro, ya que no se ha podido planificar la campaña con normalidad al no existir reservas de agua, por lo que los agricultores han desestimado sembrar maíz o arroz, y eso ya es irreversible, pero además la situación de extrema sequía, hace que aproximadamente un 40-50% de las siembras de cereal de invierno sean ya irrecuperables aunque la situación cambiara y llegaran las anheladas lluvias.
Fernando Luna ha querido poner de manifiesto que “hay que agradecer la diligencia del consejero Lobón, que recogió la sensibilidad de la situación que vivimos y trasladó información al ministro Cañete, para solicitar un gran decreto de Sequía, pero no nos podemos quedar ahí, porque con eso no se solucionarán nuestros problemas aunque aprobaran ese decreto, por eso pensamos que hay que ir más allá, porque por ejemplo el sector agroindustrial quedaría totalmente al margen de las posibles ayudas de ese decreto”. Por eso ASAJA ha ido de la mano con CEOS CEPYME, cuyo presidente en funciones es Fernando Callizo, quien señalaba que “el sector empresarial ligado a la agroindustria y las industrias relacionadas con el sector primario son el segundo motor provincial y creemos que hay que ir juntos y reclamar la atención que se merece un sector tan dinámico y tan importante en nuestra provincia”.
La organización se reúne con Echávarri ante los problemas por los que atraviesa el sector, para buscar soluciones en la misma dirección.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA-UCE Extremadura ha mantenido hoy una reunión con el Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, a petición de la Organización, para abordar la situación que está viviendo el sector del tabaco en estos días.
En este encuentro, el Consejero ha aceptado la petición de UPA-UCE de reunir al conjunto del sector para fortalecer así la unidad del mismo ante el problema por el que está atravesando y se ha comprometido a convocar ese encuentro lo antes posible. El objetivo de este inminente encuentro será abordar, en su conjunto, el futuro a corto y medio plazo del sector.
UPA-UCE ha salido “moderadamente satisfecha” de la reunión de esta mañana en lo que respecta a las actuaciones que se están llevando a cabo por parte de la Administración regional para resolver este problema puntual del sector, que se suman a las actuaciones que UPA-UCE está llevando a cabo en la misma línea. Todo ello para que, en el plazo más corto posible, las empresas que operan en el sector estén en condiciones de comprar el tabaco sin vender, sin que esto suponga ningún perjuicio para ningún agricultor, puesto que las manufactureras que operan en España estarían dispuestas a comprar ese tabaco.
En este sentido, UPA-UCE ha trasladado al consejero la “urgencia” de que se concreten las gestiones cuanto antes para que los tabaqueros puedan salir lo más pronto posible de esta situación de incertidumbre que están viviendo.
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La situación del mercado cerealista muestra tendencia bajista.
Según un informe de los servicios técnicos de ASAJA Huesca en colaboración con CEHUSA (cereales Huesca SA) y Coalce (Compañía Altoaragonesa de Cereales), la situación del mercado cerealista muestra tendencia bajista, debido a tres factores: en primer lugar, los balances de las empresas transformadoras no van a ser buenos y necesitan recuperarse; en segundo término, el mercado cerealista es un mercado de liquidez rápida, lo que hace que países como Rusia, Ucrania, Argentina o Canadá pongan mercancía a la venta para conseguir caja rápida; y como tercer elemento, está la prórroga por parte de Bruselas del Arancel 0 hasta el 30 de junio de 2012, con el adicional del acuerdo de entrada en Europa de 1.800.000 Tm.
Tampoco hay que perder de vista que los mercados nacionales limítrofes (Navarra, Castilla) siguen firmes, con la cebada a 205 €/Tm.
Por producciones, la cebada en 2011 en el Altoaragón ha estado en 567.000 Tm, con salida hasta la fecha del 60%; las existencias actuales estarían en 225.000 Tm, con precio actual al productor de 198 €/Tm. En cuanto al trigo, la producción de 2011 está en 180.000 Tm, las existencias actuales estarían en unas 60.000 Tm y el precio al agricultor en unos 204 €/Tm. Y por lo que respecta al maíz, el precio actual está en 198 €/Tm, con dependencia de Francia, país que pone mucha oferta en el mercado, y una bajada la semana anterior de 10 €/Tm. Esto provoca que no haya mucha demanda del maíz nacional.
En el puerto de Tarragona hay trigo para llegar y cargar a 204 €/Tm perteneciente a las operaciones de septiembre. Las nuevas llegadas de trigo en enero serán a 2-3 €/Tm más caro para los próximos tres meses; en cuanto a sorgo, centeno y guisantes, se esperan próximas llegadas a puerto.
Los pocos partos de agosto-septiembre-octubre colocan la venta de ternascos a unos 90 € debido a la escasez de animales, y hay que ver cómo reacciona el mercado ante las inminentes fiestas navideñas. En cuanto se recuperen las existencias, la previsión a comienzos de año es que los precios tengan clara tendencia bajista.
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ASAJA Castilla-La Mancha rechaza el borrador del Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana, propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) .
Esta es la postura que la Organización Agraria trasladó a la Consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, durante la reunión que mantuvo su departamento con las Organizaciones Agrarias para la puesta en común de las alegaciones a dicho Plan.
El borrador propuesto tampoco contempla la acumulación de recursos hídricos, que no implica mayor consumo de agua. Esta medida resulta fundamental sobre todo para las numerosas explotaciones agrarias pequeñas y medianas, en especial las de carácter familiar y agricultores a título particular, obligados a extraer el agua de todas las tomas de la explotación en lugar de una o de varias, lo que haría más rentable sus producciones.
Tampoco recoge la compensación de caudales, que permitiría la planificación de los cultivos y las rotaciones con varios años de antelación. Esto quiere decir que si un año no se llega al máximo estipulado en sucesivos años se pueda utilizar esta agua, o si en algunas campañas se supera se compense en las anteriores, evitando así posibles sanciones.
Para ASAJA de Castilla-La Mancha, la aplicación de este Plan supondría reducir prácticamente a la mitad la superficie de regadío en la zona del Alto Guadiana, echando de la agricultura a cinco de cada diez agricultores. Y así lo trasladaron a los representantes de la Consejería de Agricultura a los que demandaron su apoyo para rechazar este Plan.
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En la actualidad, el umbral que activa de forma automática el almacenamiento privado se encuentra en 1,77 €/Kg de aceite de oliva virgen extra y 1.71 €/Kg para el aceite virgen y 1,52 para el lampante, precios muy alejados de los costes del sector, que para el aceite de oliva virgen extra se sitúan en 2,83 euros/€ según el Ministerio.
COAG da la bienvenida a la propuesta aprobada por la Comisión Europea para conceder ayudas al almacenamiento privado del aceite de oliva y exige su activación inmediata para recuperar los bajos precios en el campo. Tal y como se ha anunciado desde Bruselas, la CE propone permitir que los productores almacenen un máximo de 100.000 toneladas de aceite de oliva virgen durante un período de seis meses. Desde esta organización se reclamará al Ministerio que el almacenamiento se haga extensible a todas las categorías de aceite.
Sin embargo, desde esta organización se critica la injustificada demora por parte de la UE cuando hace más de tres semanas que las cotizaciones en origen se encuentran por debajo de los precios de referencia para la activación del sistema de almacenamiento. Además, los desfasados precios, fijados hace 11 años, no tienen relación alguna con los actuales costes de producción por lo que los efectos de esta medida en las rentas de los productores serán limitados. A todo ello se une que, en estas fechas, gran parte del aceite se encuentra ya en manos de los industriales y envasadores.
En la actualidad, el umbral que activa de forma automática el almacenamiento privado se encuentra en 1,77 €/Kg de aceite de oliva virgen extra y 1.71 €/Kg para el aceite virgen y 1,52 para el lampante, precios muy alejados de los costes del sector, que para el aceite de oliva virgen extra se sitúan en 2,83 euros/Kg, según la última actualización de la cadena de valor del Observatorio de Precios del MARM. “Es vital actualizar los precios de desencadenamiento de este sistema porque cuando se llega a los niveles actuales los productores ya llevan meses vendiendo a pérdidas. Tras tres campañas consecutivas con precios por debajo de coste, los olivareros acumulan ya más de 2.000 millones de euros de pérdidas.”, ha subrayado Miguel López, Secretario General de COAG.
COAG ha exigido de forma reiterada la activación urgente del almacenamiento privado por ser el único instrumento de regulación y control del mercado que existe en este sector y por tanto la única forma de reactivar de forma inmediata los precios en origen. Hay que recordar que hace dos años, sólo el anuncio de su puesta en marcha provocó una subida del 26% del precio (pasando de los 1,61 €/Kg a los 2,03 €/kg).
Producir un kilogramo de cebollas tiene un coste medio de 9-10 céntimos. Los precios actuales a los que se está pagando este producto en la provincia se sitúan entre 6 y 7 céntimos/kilo. Ante esta situación, desde ASAJA Ciudad Real denuncian que los agricultores están produciendo por debajo de costes, algo “inviable” para sus economías.
Igual circunstancia se da en el caso de la patata, con unos costes de producción de entre 13 y 15 céntimos por kilogramo y unos precios de en torno a 10 céntimos/kilo.
Al inicio de la campaña, en junio, las cebollas arrancaron con un precio de 10-12 céntimos, cayendo enseguida a los actuales 6-7. Ambas campañas, cebolla y patata, se desarrollan de junio a abril del siguiente año, primero con producto del terreno y luego el destinado a almacenamiento (a partir de octubre). En ocasiones el producto almacenado eleva su precio, por eso, los agricultores están planteándose recoger ya para destinarlo a almacenamiento, lo que conllevaría también nuevos gastos, que incrementarían los costes de producción en otros 6-7 céntimos/kilo.
Una de las principales localidades productoras de cebolla de la provincia es Bolaños de Calatrava, con unas 700 hectáreas y una producción anual que ronda los setenta millones de kilos. Pese a ser una cebolla de gran calibre y muy demandada por los mercados, en especial, el de Levante, los precios son igual de bajos, lo que está generando cuantiosas pérdidas a sus agricultores.
Los dirigentes de ASAJA consideran que la desaparición del cultivo de la remolacha como consecuencia de la reestructuración de la Organización Común de Mercado (OCM) del azúcar, ha provocado que explotaciones que contaban con infraestructuras de riego y que habían invertido en regadíos se hayan dedicado a cultivos hortofrutícolas como melón, sandía, cebolla y patatas, con el consiguiente perjuicio para estos cultivos al incrementarse la producción y la oferta.
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La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha exigido a las industrias lácteas españolas y francesas que suban el precio de la leche a los ganaderos ante la situación crítica que están viviendo, con una subida de los costes de producción del 30% y con la leche en origen un 10% más barata que en Francia y Alemania.
El diferencial entre lo que cobran los ganaderos españoles frente a los franceses o alemanes en los últimos doce meses ha sido de 2,5 y 3 céntimos de euro por litro, respectivamente, incrementándose en 5 céntimos a partir del pasado mes de junio. UPA ha destacado que las pérdidas de la ganadería española se acercan a los 150 millones de euros, que se traducen, a juicio de la organización, en “beneficios directos para la industria y la distribución”.
Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA, ha denunciado que en España las industrias se unen para “coartar la libertad de los ganaderos e impedirles cambiar de empresa láctea”, evitando así la actualización de los precios a la situación real del mercado. “En caso de necesitar leche, las empresas prefieren comprarla en Francia, pagando el precio que allí le exigen, manteniendo marginados a los ganaderos españoles”, ha criticado Santalla.
Para UPA la situación es “catastrófica”: a la sequía que azota el noroeste del país, que ha reducido la cosecha de maíz y de forraje –obligando a los ganaderos a ser más dependientes del pienso-, se suma el aumento de cuota de mercado de Francia y Alemania (con crecimientos de entre el 5 y el 7%) y el cada vez mayor déficit lácteo en España, que supera el 35% (3,5 millones de toneladas).
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha denunciado el incumplimiento total de las industrias en el seno de la Interprofesional Láctea española (INLAC) en dos cuestiones estratégicas: adaptar los precios que cobran nuestros ganaderos y ganar cuota de mercado. UPA planteará en los próximos días la necesidad de una reunión extraordinaria con el resto de organizaciones de ganaderos y cooperativas para buscar soluciones a esta crisis del sector lácteo.
ASAJA Ciudad Real pide la intervención de la Administración regional.
El sector de la sandía y el melón están viviendo una situación “catastrófica”, con precios de la primera entre 5 y 10 céntimos y del segundo entre 8 y 10, muy por debajo de los costes de producción.
Por el contrario, el precio de la sandía en los centros comerciales se sitúa, dependiendo de los establecimientos y el tipo de fruta, entre 0,49 y 0,51 el kilo y entre 0,65-0,76 el melón, cuya recolección ha comenzado hace escasos días. Esto significa que, por ejemplo, por una sandía de cinco kilos un agricultor reciba 25 céntimos y el consumidor la pague a 2,50 euros.
Desde ASAJA Ciudad Real señalan que la situación para los agricultores es “insostenible” y están dispuestos incluso a no recoger su cosecha, pues les acarrea más gastos que ingresos. Los productores también barajan la posibilidad de regalar sus productos por los pueblos e incluso hablan de destruirlos.
En zonas como La Mancha estos cultivos denominados sociales emplean a numerosas personas durante los meses de verano y esta situación motivaría su despido. Los responsables de la Organización señalan que estos precios deben incrementarse inmediatamente y para ello apuntan hacia un ligero incremento en su precio final, que repercuta en el del producto, que sería totalmente asumible por los consumidores y que daría viabilidad a este sector hortofrutícola.
Además, demandan un control en la cadena alimentaria, que no permita que se den situaciones en las que el precio de mercado sea muchas veces superior al pagado a los productores. En el caso del melón y la sandía hasta diez veces superior.
Debido a la gravedad de la situación, que podría llevar a la ruina a numerosos agricultores de localidades como Argamasilla de Alba, Manzanares, Membrilla, Tomelloso o Daimiel, entre otras, desde ASAJA demandan la intervención de la Administración regional.
El diferencial entre la huerta y la mesa se dispara por encima del 600% por la “crisis del E-coli”.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y las organizaciones de consumidores, UCE y CEACCU, denuncian que durante el mes de junio el diferencial entre la huerta y la mesa se disparó por encima del 600% (6,28) en los productos agrícolas, fundamentalmente por la caída de los precios en el campo ante el efecto de la “crisis de la bacteria E-coli” y el mantenimiento de los precios en destino. “Una vez más, la crisis la hemos pagado los eslabones más débiles de la cadena; agricultores, con pérdidas millonarias, y los consumidores, que no se han podido beneficiar de los bajos precios en el
campo”, ha subrayado Miguel López, Secretario General de COAG.
Durante el pasado mes, el pepino multiplicó por 24 su precio del origen al destino (de 0,06euros/ Kg a 1,47 euros/Kg). El resto de producciones hortícolas lideraron los márgenes más escandalosos: cebolla (1030%), patata temprana (943%), repollo (808%), tomate (791%), lechuga (760%), berenjena (745%) o calabacín (621%). En el inicio de la campaña, la fruta de verano también se ha visto afectada y el melón multiplicó por 8 su cotización de la mata a la mesa por unos precios en la huerta que no superaron los 0,25 euros/Kg. Melocotón, nectarina y ciruela, multiplicaron por más de 5 su valor. En el caso concreto de la ganadería, el IPOD se mantiene en niveles similares a los del mes de mayo, (3,37 frente a 3,27). Carne de ternera (355%) y de cerdo (338%), abanderan los mayores diferenciales.
A nivel general, (suma del IPOD agrícola y ganadero), el Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD) de junio se situó en 5,75, tercer dato más elevado desde el inicio de este índice en mayo de 2008.
COAG, UCE y CEACCU recuerdan a la Unión Europea y al Gobierno que deben poner en práctica las recomendaciones aprobadas por la Comisión y el Parlamento Europeo en la que se reconocen como necesarias “medidas, a escala comunitaria, para evitar los contratos injustos o abusivos entre los agricultores, las industrias y los supermercados a la hora de fijar los precios de los alimentos”. En este sentido, desde esta organización se trabaja para que el proyecto de la Ley de medidas para la mejora de la cadena alimentaria, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y que hoy presenta la Ministra Rosa Aguilar, sirva para corregir los actuales desequilibrios de la cadena de valor agroalimentaria y a mejorar la vertebración del sector. “En alimentación, garantizar el interés general pasa por conseguir unos precios justos y rentables para los agricultores y asequibles para los consumidores”, ha puntualizado Miguel López, Secretario General de COAG.
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Entre los productos contemplados está el pimiento.
ASAJA Ciudad Real informa de la puesta en marcha de las medidas excepcionales de apoyo al sector de las frutas y hortalizas por parte de la Unión Europea tras la conocida como ‘crisis de los pepinos’.
Entre los productos contemplados está el pimiento, además de tomates, lechugas, escarolas, pepinos y calabacines. Según recoge una circular del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), las medidas que se podrán beneficiar de estas ayudas extraordinarios son: retiradas del mercado, tanto para distribución como para los destinos de biodegradación, compostaje, alimentación animal, transformación en piensos o alcohol y cosecha en verde o renuncia a efectuar cosecha.
El periodo de aplicación de las medidas excepcionales de apoyo es el comprendido entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2011, ambos incluidos. Todas las operaciones de retirada, cosecha en verde o renuncia a efectuar cosecha deberán haber finalizado a más tardar el 30 de junio. Podrán solicitar estas ayudas las organizaciones de productores o los productores individuales. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el próximo 11 de julio, y se deben aportar datos como fecha de notificación, producto, cantidad, tipo de operación o tipo de productor.
Los productores individuales que efectúen distribución gratuita de estos productos no podrán acogerse a indemnizaciones por transporte y envasado. En el caso del pimiento, la cosecha en verde o renuncia a efectuar cosecha se contemplan unas ayudas por programa operativo de 1.414,50 euros por hectárea para secano; 3.871,50 para regadío y 7.552 para regadío protegido. Y 3.968,64 (secano); 10.862,22 (regadío) y 21.188,55 (regadío protegido) de importe comunitario adicional.
Los productores individuales podrán solicitar el importe comunitario adicional por las operaciones de retirada, cosecha en verde y renuncia a efectuar la cosecha (notificadas a la autoridad competente de la comunidad autónoma para los productos y durante el periodo de aplicación anteriormente citados) directamente, presentando una solicitud de ayuda ante la autoridad competente de la comunidad autónoma o a través de una organización de productores reconocida, con la que hayan firmado un contrato.
Desde ASAJA califican estas ayudas de “totalmente insuficientes” para el sector hortícola que está padeciendo graves pérdidas desde que comenzó esta situación.