Frente al Plan de Ahorro Energético, publicado por el Ministerio de Industria, las organizaciones sociales están convencidas de que España tiene un mayor potencial de eficiencia, especialmente  en un período de crisis económica como la actual.  El Plan, al que las ONG ya presentaron sus alegaciones, forma parte de la directiva europea que obliga a los Estados miembros a elaborar una estrategia de medidas que contribuyan a alcanzar los objetivos europeos de ahorro del 9% en 2016 y de 20% en 2020.

Para las ONG, el nuevo Plan ha de contemplar un cambio en la cultura de la producción y el consumo energético, incorporando parámetros de ahorro y contención, e incentivando un mayor desarrollo de la eficiencia energética, con el horizonte en el año 2050, que sirva para aumentar simultáneamente el beneficio ambiental, económico y social del país.

Entre sus peticiones, las organizaciones destacan la necesidad de un objetivo vinculante y absoluto de al menos un 20% de reducción del consumo de energía para el año 2020, referido a un año base (ejemplo 2005) que conlleve el establecimiento de las bases legislativas, económicas y sociales necesarias. En la redacción del documento actual, las ONG destacan la ausencia de medidas estructurales para lograr un ahorro efectivo de energía. Las propuestas a juicio de los firmantes, son claramente insuficientes, ya que se enmarcan en un ámbito general de aumento del consumo de energía.

Por otra parte, según las ONG, no existen medidas normativas para evitar el derroche de energía. Un ejemplo concreto es el del sector servicios (hostelería, centros comerciales, centros de ocio…), en el que la tendencia dominante es la instalación cada vez más generalizada de terrazas climatizadas o comercios de puertas abiertas, con el derroche asociado de calefacción en invierno y refrigeración en verano. Además, la ausencia de obligación de auditorías energéticas en sector industrial significa la pérdida de una oportunidad importante ahorrar en un sector que muestra la segunda mayor demanda en términos de energía final con un reparto del 30,2% del consumo total de España.

Estas organizaciones abogan por el establecimiento de medidas fiscales ambiciosas dirigidas a hacer visibles las ventajas económicas de toda medida de eficiencia y ahorro energético. Por ejemplo, la reforma del impuesto de circulación en base a las emisiones de CO2. También la reforma del Impuesto sobre Valor Añadido para la aviación, así como favorecer la producción sostenible, gravando la más contaminante.

Las ONG piden que dentro del Plan Nacional de Eficiencia Energética se establezca un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, como aspecto clave de una estructura  de “ventanilla única”, que incorpore fondos de fuentes diferentes (p.e. de la penalización de las empresas de sector energético que no cumplen los objetivos de los planes de medidas obligatorias), que garantice las máximas inversiones privadas, que agrupe proyectos para hacerlos más atractivos a los inversores y que promueva la sensibilización, la información y la asistencia técnica a los proveedores y a los clientes potenciales.

La parlamentaria popular considera que si se cumplen las previsiones, la próxima semana podría ponerse sobre la mesa ese intento del ejecutivo comunitario para recortar el dinero para el sector en las perspectivas financieras de la UE para el nuevo periodo presupuestario, justo lo contrario de lo que sostiene el informe hoy aprobado, que apunta al refuerzo de los fondos para la PAC como única solución para garantizar el futuro de los productores agrícolas y ganaderos de Europa.

“No veo cómo con un presupuesto más reducido podemos hacer frente a todos los desafíos que se propugnan en este documento; cómo vamos a conseguir hacer más verde la PAC como nosotros queremos sin que suponga un esfuerzo añadido a los productores agrícolas y ganaderos; no veo cómo con una PAC menguada podemos hacer frente a la volatilidad de los precios y crear, como queremos, una línea presupuestaria que haga frente a las crisis”, señaló Esther Herranz.

En este sentido, la eurodiputada popular considera que la PAC no debe ser medida únicamente en términos de gasto, “porque además de los bienes y servicios que nos aporta, hay que dejar claro hoy más que nunca que un euro de inversión en materia agrícola genera 10 euros de riqueza en el sector agroalimentario y esto debe ser muy tenido en cuenta a la hora de elaborar el próximo marco presupuestario”.

Esther Herranz considera a esta mala noticia se suma el hecho de que las negociaciones con terceros países y con la Organización Mundial de Comercio “amenazan muy seriamente que sigamos teniendo una producción agrícola y ganadera en la Unión Europea”.