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Nueva sentencia condenatoria por la explotacion ilegal de variedades protegidas de cereal .

El Juzgado de lo Penal núm. 3 de Granollers (Barcelona) ha dictado en fecha 29 de febrero de 2012, sentencia por la que condena a un almacenista de cereales de Les Franqueses del Vallés (Barcelona), como autor responsable de un delito contra la propiedad industrial tipificado en el artículo 274.3 del Código Penal. Todo ello por la reproducción, producción y comercialización no autorizada de material de reproducción de las variedades vegetales protegidas de cebada “GRAPHIC” y “CULMA” y de trigo “ISENGRAIN”.

La citada Sentencia, que es firme, por lo que no cabe recurso alguno contra ella, condena a dicho almacenista a una pena de prisión de seis meses, multa de 1.080 €, e indemnización de 5.709, 16 € por los daños y perjuicios causados a los titulares de los derechos sobre las citadas variedades vegetales. El ilícito material que fue objeto de intervención e inmovilización, fue posteriormente objeto de destrucción bajo control judicial. Dicho procedimiento se inició a raíz de la denuncia presentada por el obtentor S.A. MARISA, así como por la entidad GESTION DE LICENCIAS VEGETALES, A.I.E (GESLIVE) en representación del obtentor de la citada variedad “GRAPHIC”, ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la 411 Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona.

La reproducción y producción no autorizada de semillas de variedades protegidas está muy extendida en las zonas cerealistas. Este fraude masivo tiene graves consecuencias para todo el conjunto del sector, y en particular para los agricultores ya que, al tratarse de un mercado clandestino, no existe garantía alguna sobre la calidad de estas semillas. Leer el resto de esta entrada »

La titular del MARM ha transmitido esta posición a su homólogo francés, en una carta enviada ayer y planteará de nuevo este asunto en la reunión que ambos Ministros mantendrán en París el próximo 6 de septiembre.

La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar,  “rechaza con toda contundencia” el incremento de controles franceses sobre productos agrícolas procedentes de España, anunciado por el  Ministro galo de Agricultura.

La titular del MARM ha trasmitido este rechazo a su homólogo francés en una carta enviada esta mañana y planteará de nuevo este asunto en la reunión que ambos Ministros celebrarán el próximo 6 de septiembre en París. Rosa Aguilar quiere subrayar “la excelencia y altísima calidad” de los productos agrícolas españoles que se exportan al mercado europeo así como el hecho de que los mismos superan todos los controles establecidos por la Unión Europea y demostrado que  “cumplen con los estándares  de calidad según la legislación comunitaria vigente”.

Asimismo, la Ministra quiere poner de manifiesto que  la competitividad de los productos agrícolas españoles es fruto del “gran esfuerzo” llevado a cabo por los agricultores españoles para adaptarse a las condiciones de un mercado cada vez más abierto y globalizado.

La Ministra reitera que el problema de los  precios en el sector de las frutas y hortalizas debe abordarse desde la revisión de los instrumentos de gestión del mercado hortofrutícola europeo con la finalidad de responder de forma “rápida, ágil y eficaz” a situaciones de crisis. Para ello ha mostrado su disposición para diseñar en este sentido, una propuesta, conjuntamente con Francia y otros países de la UE, con el objetivo de presentarla ante la Comisión Europea.

Están llegando cartas a agricultores que tienen vid citándolos para los primeros días de octubre.

LA UNIÓ de Llauradors desea clarificar lo más pronto posible la campaña de control de empleo en la actividad de vendimia tras las cartas que reciben estos días los agricultores que poseen viñas. La finalidad  de la campaña es detectar supuestos de empleo sumergido en las actividades efectuadas en explotaciones agrícolas dedicadas al cultivo de la vid.

En este sentido, LA UNIÓ ha solicitado una reunión urgente con el responsable de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia para analizar el contenido de las cartas y pedir el retraso de la campaña. Las citaciones coinciden con las labores de la vendimia y suponen entorpecer una actividad que se concentra en muy pocos días con respecto a otro tipo de cultivos. A juicio de LA UNIÓ la Inspección Provincial deber ser sensible a las demandas del sector y efectuar la campaña una vez concluida la campaña de recogida de la uva, pues es un “gran  inconveniente preparar la documentación y trasladarse a Valencia en plena temporada de vendimia”.

En las cartas de la Inspección se les requiera a comparecer durante los primeros días del próximo mes de octubre en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia aportando un gran número de documentación tanto en su condición de agricultor como de empresario. La carta  concluye con un mensaje concluyente: “el incumplimiento del presente requerimiento constituye una infracción administrativa grave, tipificada en el artículo 50 de la  Ley de Infracciones y  Sanciones en el Orden Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2000, sancionable con multa.

LA UNIÓ no es contraria a que se realicen este tipo de campañas de control de empleo en la actividad de la vendimia ya que apuesta desde hace tiempo por la contratación de trabajadores de forma regular, pero cree  que se deben hacer con suficiente sentido común y en tiempo y forma adecuado.

LA UNIÓ informa que los servicios técnicos de la organización asesorarán a sus asociados que reciban estas cartas de comparecencia y  requerimiento para facilitarles todos los trámites burocráticos. Para ello les aconseja que se pongan en contacto con la oficina más próxima a su domicilio.

La superficie de cultivo y el número de explotaciones también descienden casi a la mitad.

LA UNIÓ de Llauradors denuncia que casi la mitad de los titulares de explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana tienen más de 65 años y el 70% de los mismos más de 55 años en una clara muestra de envejecimiento de la población del campo, según la comparativa entre el Censo de 1999 y el de 2009 que se acaba de conocer y cuyos gráficos se pueden ver más abajo.

También desciende de forma espectacular tanto el número de explotaciones agrícolas como la superficie cultivada. En 1999 había en la Comunitat Valenciana 227.676 explotaciones censadas y en 2009 la cifra baja a 119.867, mientras que la superficie de cultivo en 1999 era de 1.688.910 hectáreas y en 2009 de sólo 900.706 hectáreas. Los datos en apenas once años descienden prácticamente a la mitad.

En la Comunitat Valenciana, durante el periodo comprendido entre los años 1999 a 2009, el número de titulares de explotaciones agrarias mayores de 65 años ha pasado del  34% al 43%, a pesar de que el número total de titulares de explotaciones comprendidas todas la edades ha pasado de 286.886 en el año 1999 a 222.454 en el año 2009 (un 22% menos), según cifras obtenidas de comparar los Censos Agrarios de 1989 y 1999.

El estudio realizado por LA UNIÓ refleja que el porcentaje de titulares de explotaciones hasta los 34 años se sitúa en un preocupante 2% (6% en el de 1999), los titulares entre 35 a 54 años se reducen del 35% al 28%, los titulares comprendidos entre 55 a 64 años de edad aumentan del 26 al 27%, mientras que el número de titulares mayores de 65 años se amplia del 34 al 43%.

Estos datos ponen en entredicho las políticas agrarias que se están realizando desde las diferentes Administraciones Públicas, que se muestran incapaces de frenar el abandono de explotaciones y el envejecimiento del campo valenciano.

Ramón Mampel, secretario general de La UNIÓ, afirma que “estas cifras reflejan la grave crisis por la que atraviesa el campo valenciano con una alarmante falta de rentabilidad y escaso relevo generacional, por lo que son necesarias auténticas políticas agrarias en clave valenciana para superar estos problemas”.

 

Dichos anticipos, que se podrán abonar a partir del 16 de octubre, son del 50% para todas las líneas de pagos directos, dentro del primer pilar de la Política Agraria Común . En el caso de las primas a la ganadería, estos anticipos podrán llegar hasta el 80%, ampliándose el umbral del 60% que existe de modo constante para todos los años.

El Comité de Pagos Directos reunido hoy en Bruselas ha dado su dictamen favorable al proyecto de Reglamento de la Comisión que autoriza los anticipos de los pagos directos de la PAC a todos los agricultores de la Unión Europea,  y que será publicado en breve en el Diario Oficial de la UE.

Dichos anticipos, que se podrán abonar a partir del 16 de octubre, son del 50% para todas las líneas de pagos directos, dentro del primer pilar de la Política Agraria Común, siempre  y cuando se hayan finalizado los oportunos controles establecidos en la legislación vigente. El resto de los pagos directos de la campaña 2011  de la Política Agraria Común se realizarán a partir del 1 de diciembre.

Es la primera vez que se autorizan anticipos para algunos regímenes de ayuda, que hasta ahora nunca se habían podido beneficiar, al no permitirse en la normativa comunitaria. En el caso de España, estos anticipos  permitirán un adelanto de las ayudas de 2.763 millones  de euros. Dentro de esta cifra, destaca el anticipo del régimen de pago único, que supondrá un adelanto de unos 2.300 millones de euros, beneficiando a más de 800.000 agricultores.

Además, en el caso de las primas ganaderas (prima a la vaca nodriza y prima al sacrificio), estos anticipos podrán llegar hasta el 80%, ampliándose el umbral del 60% que existe de modo constante para todos los años. Esto supondrá un adelanto de unos 247 millones de euros. España fue el primer país en solicitar a la Comisión el pago de anticipos del pago único y vacas nodrizas, en mayo de 2011, dado que se producían las condiciones  excepcionales en las explotaciones agrarias españolas.

Los anticipos se pueden pagar en  todas las Comunidades Autónomas, aunque se trata de una decisión que debe tomar  cada gobierno autonómico. Para ello, el MARM realizará la oportuna  coordinación de todos los pasos previos a la realización del pago.  Esta medida se enmarca dentro del cumplimiento de lo acordado por el MARM con las Organizaciones Agrarias y Cooperativas Agroalimentarias el 8 de marzo de 2011, para la  puesta en marcha de un paquete de medidas que sirviesen para mejorar la situación del sector ganadero en España,

La Unión solicita cambios en el actual Código Penal y más control de la procedencia de productos, maquinaria o cobre.

La Unión demanda al Gobierno que aumente la vigilancia en las zonas rurales ante la creciente oleada de robos en el campo que se extiende desde cosechas y animales hasta maquinaria y motores de riego, lo que provoca la indefensión e impotencia de los agricultores y ganaderos.

Aparte de las pérdidas directas que ocasionan los robos en el campo el problema añadido es el de los destrozos que se ocasionan en las instalaciones, sobre todo por lo que se refiere a los pozos de riego y casetas de campo donde los desperfectos suelen costar más del triple de lo que se llevan. La Unión solicita al Gobierno que plantee una estrategia clara al respecto, junto a las comunidades autónomas, para perfilar un mapa de las zonas más afectadas, realizar un seguimiento y mejorar la eficiencia en la prevención y persecución de esos delitos en las zonas rurales.

En este sentido solicita al Gobierno que traslade a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la necesidad de extremar la vigilancia en las zonas rurales, que se controle exhaustivamente la mercancía o maquinaria que sale de las mismas y que se realicen visitas periódicas de inspección a aquellas empresas o comercios sospechosos de comerciar con productos agrícolas robados o con herramientas o cobre sustraídos en esos lugares.

José Manuel de las Heras, coordinador estatal de La Unión, señala que “las Administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatales deben darse cuenta que la vigilancia y control no termina con las últimas casas de los pueblos y que las zonas rurales no deben quedar desamparadas en todo lo referente a la seguridad de las mismas. Los agricultores y ganaderos, los habitantes de las zonas rurales, pagamos nuestros impuestos igual que los de las zonas urbanas, pero lamentablemente no disponemos de los mismos servicios”.

La Unión denuncia que los robos pone en peligro el desarrollo de la actividad agraria y recuerda que la mayoría de los hurtos de cosechas, pozos y motores de riego, cobre, etc., que se cometen en el campo son considerados por el Código Penal como una mera falta de hurto que sólo se castiga con una pequeña multa. El Código Penal tampoco castiga la reincidencia en el campo y de este modo se pueden cometer varios robos en un breve plazo de tiempo y ser tipificados no obstante sólo como una falta siempre que la cuantía económica no supere 400 euros.

El coordinador nacional de La Unión “anima a todos los agricultores y ganaderos a presentar una denuncia por pequeño que sea el robo, porque los datos que presentan las autoridades como balance de las zonas rurales no se corresponde con el de los delitos cometidos al no existir en numerosas ocasiones denuncia de por medio”.

Fuente: Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos

La media por jubilación en el sector agrario asciende a 580,87 euros

La pensión media de jubilación del sector agrario ascendió a 580,87 euros a 1 de marzo de 2011, mientras que la de los trabajadores del mar sumó 1.088,91 euros, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

La cifra correspondiente al sector agrario supone un mantenimiento de la registrada el pasado mes de enero (-0,0017 %, con 580,88 euros), mientras que la de los trabajadores del mar representa un incremento del 0,09 % frente a los 1.087,88 euros contabilizados en el segundo mes del ejercicio.

La pensión media de jubilación de los trabajadores agrarios equivale, a 1 de marzo, al 51,38 % de la registrada en el Régimen General de la Seguridad Social, que ascendió a 1.130,33 euros.

Por su parte, la de los empleados del mar supuso el 96,33 % de la cifra del Régimen General.

En general, la pensión media de jubilación del Sistema de la Seguridad Social alcanzó en marzo 910,11 euros, lo que supone el 0,17 % más con respecto al mismo mes del año pasado, según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En cuanto a la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 801,05 euros, lo que supone un aumento interanual del 0,15 %.

En el sector agrario, la pensión media del sistema permaneció invariable respecto a febrero en 529,19 euros, mientras que la de los trabajadores del mar alcanzó 865.52 euros, un 0,09 % más.

El número total de pensiones contributivas del régimen agrario fue de 638.296, a 1 de marzo, y el de los trabajadores del mar, de 131.306.

Fuente: Efe